Javier Saldívar Flores
Este 5 de junio de 2026, el emblemático centro de detención El Helicoide en Caracas quedó prácticamente vacío tras el traslado de decenas de presos —incluidos políticos— a otras cárceles del país. La medida, anunciada hace meses por el gobierno, se ejecutó sin información oficial detallada, generando fuerte incertidumbre entre familiares y organizaciones de derechos humanos.
El Helicoide, antigua joya arquitectónica convertida en símbolo de represión y tortura durante más de dos décadas, representa uno de los íconos más oscuros del sistema penitenciario venezolano. Su cierre parcial o total se produce en un contexto de profunda crisis política e institucional en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y cambios en el poder.
Según confirmaron familiares y activistas a la AFP, los traslados comenzaron el miércoles 4 de junio. Decenas de reclusos fueron movilizados a diferentes recintos penitenciarios del interior del país. Activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) indicaron que el centro quedó “totalmente vacío”, sin quedar ni presos comunes ni políticos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que en El Helicoide había más de 70 detenidos. Otras organizaciones como Foro Penal hablan de al menos 90 presos políticos trasladados a cárceles como La Planta, Yare, El Rodeo y Tocuyito. Las autoridades no han publicado un listado oficial de los reclusos ni sus nuevos destinos.
Familiares denunciaron escenas de desesperación en las afueras del recinto, con llanto y protestas ante la falta de información. Muchos temen que el traslado a prisiones lejanas complique aún más las visitas y el contacto con los detenidos.
Construido en la década de 1950 como un ambicioso centro comercial, El Helicoide terminó convertido en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y en uno de los principales centros de detención política. Sus instalaciones fueron escenario de denuncias sistemáticas de torturas, condiciones inhumanas y violaciones a los derechos humanos, documentadas por organismos internacionales y ONG locales.
Figuras como el general Raúl Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez, fallecieron en sus instalaciones. Exdetenidos describen hacinamiento extremo, falta de condiciones básicas y maltratos sistemáticos.
La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el cierre del centro en enero de 2026, semanas después de la intervención estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebró el martes el cierre de la “infame prisión”. Por su parte, el diputado oficialista Jorge Arreaza defendió la medida en redes sociales, cuestionando las críticas de la oposición: “Se procede a cerrarlo y transformarlo… pero igualito hacen un escándalo”.
Organizaciones de derechos humanos ven el traslado como un “show” si no va acompañado de cambios profundos en la política represiva. El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó más de cuatro años en El Helicoide, advirtió que mientras no cambie el enfoque del Estado, estas acciones serán meramente cosméticas.
El traslado masivo genera preocupación por las condiciones en las cárceles receptoras, muchas de ellas también sobrepobladas y con historial de violencia. Familiares temen represalias o aislamiento de los detenidos.
En paralelo, continúan las vigilias frente al Helicoide. Activistas insisten en que los presos políticos —cuya cifra supera los 400 según diversas ONG— deberían ser liberados, no simplemente reubicados.
El caso reabre el debate sobre la transición en Venezuela: si el cierre de símbolos como El Helicoide representa un verdadero giro hacia la reconciliación o solo una reconfiguración de los mecanismos de control.
El Helicoide era uno de los últimos vestigios visibles de la arquitectura represiva del chavismo-madurismo. Su vaciamiento ocurre en un momento de alta atención internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con llamados permanentes a la liberación de presos políticos y a procesos de justicia transicional.
Analistas consideran que, más allá del valor simbólico del cierre, la verdadera prueba estará en si se permite el acceso independiente a las nuevas cárceles, si se transparentan los listados y si se avanza en revisiones judiciales de los casos.
Por ahora, la opacidad en el procedimiento alimenta la desconfianza y mantiene alta la tensión entre el gobierno interino y las organizaciones de la sociedad civil.
El futuro de El Helicoide como infraestructura también está en debate: algunos proponen convertirlo en un museo de la memoria, mientras otros ven en él potencial para usos culturales o educativos que ayuden a sanar las heridas de décadas de autoritarismo.
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