Victor Manuel Arce Garcia
Este jueves 5 de junio de 2026, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que su cartera trabaja en una propuesta legislativa para agilizar el levantamiento del secreto bancario, siempre bajo control judicial. El anuncio llega horas después de una votación reñida en el Senado —que terminó en doble empate— sobre una norma que buscaba facultar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para requerir información bancaria de forma más directa, en el marco del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica.
El debate se reactivó con fuerza tras la Operación Tokyo, un operativo policial que desarticuló una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, que habría movilizado cerca de US$80 millones (aproximadamente 78 mil millones de pesos chilenos) a través del sistema financiero formal chileno. El caso expuso vulnerabilidades graves en la prevención del crimen organizado y reabrió una discusión técnica, política y constitucional que lleva años pendiente en Chile.
En un contexto de preocupación creciente por la expansión del crimen transnacional en América Latina, el Gobierno ha optado por una vía intermedia: mantener la potestad última en manos de los tribunales, pero avanzar en una reforma que haga más eficiente el acceso a información clave para investigaciones financieras. Esta posición busca equilibrar la protección de derechos fundamentales con la necesidad de fortalecer las herramientas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Durante la sesión del miércoles 4 de junio en la Sala del Senado, la norma que permitía a la UAF requerir información sujeta a secreto bancario de manera administrativa —en casos específicos— quedó a un solo voto de ser aprobada. Se registraron dos empates consecutivos, lo que, según el reglamento, obliga a repetir la votación en una próxima sesión. La oposición, principalmente de Chile Vamos y Republicanos, bloqueó la iniciativa, argumentando riesgos para las garantías individuales y la privacidad de los ciudadanos.
La discusión no fue abstracta. Apenas un día antes, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía revelaron detalles de la Operación Tokyo: un ejecutivo del Banco Santander habría facilitado la apertura de cuentas y el movimiento de fondos millonarios para una célula del Tren de Aragua. La red, compuesta mayoritariamente por venezolanos, operaba en extorsiones, contrabando y lavado, enviando recursos al exterior sin activar alertas suficientes en el sistema financiero.
Expertos consultados coinciden en que este caso evidencia “áreas grises” en la regulación actual. Hoy, el levantamiento del secreto bancario requiere, en la mayoría de los casos, una orden judicial previa, un proceso que puede demorar semanas o meses, tiempo valioso cuando se persigue dinero que fluye rápidamente a través de múltiples jurisdicciones.
El ministro Jorge Quiroz fue claro al salir de la Comisión de Hacienda del Senado: “El levantamiento del secreto bancario tiene que ser siempre con una orden judicial”. La cartera de Hacienda “se toma este tema muy en serio” y ya inició el trabajo técnico para una propuesta propia que respete ese principio rector.
Esta posición marca una diferencia con versiones anteriores del proyecto que contemplaban facultades administrativas más amplias para la UAF. El Gobierno busca ahora un mecanismo ágil pero constitucionalmente robusto: agilizar los trámites judiciales, quizá mediante solicitudes colectivas o plazos acotados, sin entregar a una entidad administrativa la potestad de decidir unilateralmente.
La decisión responde también a presiones políticas crecientes. Parlamentarios oficialistas y de oposición han emplazado al Ejecutivo a fortalecer la persecución financiera del crimen organizado, especialmente ante la expansión del Tren de Aragua y otras estructuras transnacionales en Chile y la región.
El proyecto de ley en discusión busca crear un marco moderno para la inteligencia económica, permitiendo un mejor análisis de flujos financieros sospechosos, la trazabilidad de operaciones y la colaboración entre instituciones. Incluye herramientas para la UAF, ampliación de sujetos obligados a reportar y medidas contra la competencia desleal generada por la economía ilícita.
Sin embargo, el nudo gordiano ha sido siempre el secreto bancario. La versión aprobada en la Cámara permitía en ciertos casos (ROS de bancos, funcionarios públicos o personas jurídicas) un acceso administrativo. En el Senado, esa disposición enfrentó fuerte resistencia, reflejando tensiones históricas entre seguridad pública y derechos individuales en Chile.
Analistas económicos destacan que un sistema financiero permeable al lavado erosiona la confianza, distorsiona la competencia y genera costos indirectos para el sector formal. Según estimaciones internacionales, el lavado de activos puede representar entre el 2% y el 5% del PIB en economías vulnerables al crimen organizado.
Chile ha construido una reputación de estabilidad institucional y regulación financiera prudente, pilar de su atractivo como destino de inversión en América Latina. Sin embargo, la sofisticación del crimen transnacional pone a prueba ese modelo. Bancos, fintech y otros actores del sistema financiero enfrentan mayores costos de cumplimiento y riesgos reputacionales.
Una reforma equilibrada podría fortalecer la integridad del sistema sin generar fuga de capitales por temor a excesos estatales. Expertos en derecho financiero advierten que cualquier cambio debe incluir salvaguardas: auditorías independientes, transparencia en el uso de la información y sanciones severas por filtraciones.
Desde el punto de vista fiscal, mejorar la trazabilidad del dinero ilícito podría aumentar la recaudación indirecta y reducir pérdidas por competencia desleal en sectores como el comercio, la construcción y los servicios.
La expansión del Tren de Aragua desde Venezuela hacia Chile, Perú, Colombia y más allá ha obligado a una reevaluación de estrategias de seguridad. La banda, nacida en prisiones venezolanas, ha diversificado sus actividades hacia el lavado sofisticado, utilizando empresas pantalla, testaferros y complicidades internas en instituciones financieras.
El caso del ejecutivo bancario detenido ilustra cómo el crimen organizado infiltra estructuras formales. Según la Fiscalía, la red movió decenas de millones de dólares sin que los sistemas anti-lavado detectaran patrones suficientes en tiempo real. Esto refuerza argumentos a favor de mayor inteligencia financiera proactiva.
Países vecinos han avanzado en reformas similares. La experiencia regional muestra que el equilibrio entre eficacia y garantías es delicado: excesos administrativos pueden derivar en abusos, mientras que la lentitud judicial beneficia a los delincuentes.
El anuncio del ministro Quiroz abre una ventana de oportunidad para un debate técnico despolitizado. Fuentes de Hacienda indican que la propuesta podría incluir plazos judiciales más cortos, solicitudes masivas para redes criminales y mayor coordinación entre UAF, Fiscalía y Poder Judicial.
La oposición ha llamado a aprobar cambios inmediatos, mientras sectores oficialistas presionan por mayor ambición. El desafío del Gobierno será construir consensos en un Congreso fragmentado sin diluir el principio de control judicial que defiende.
Más allá de la coyuntura, el caso obliga a una reflexión estructural sobre la modernización del Estado frente al crimen del siglo XXI. En un mundo de flujos digitales instantáneos, las herramientas analógicas del siglo pasado resultan insuficientes.
Chile, como economía abierta y con instituciones consolidadas, tiene la oportunidad de liderar en la región un modelo que combine eficacia en la persecución del delito financiero con respeto irrestricto al Estado de Derecho. El trabajo que inicia Hacienda será clave para determinar si esa oportunidad se concreta.
La reñida votación del Senado y el golpe a la estructura financiera del Tren de Aragua no son hechos aislados. Representan un punto de inflexión en la batalla contra la economía ilícita en Chile. Cómo responda el sistema político en las próximas semanas definirá no solo la efectividad de las investigaciones en curso, sino la credibilidad del país ante inversores y ciudadanos preocupados por la seguridad y la integridad financiera.
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