Victor Manuel Arce Garcia
El presidente José Antonio Kast visitó este lunes el complejo fronterizo de Chacalluta, en la zona limítrofe con Perú, para supervisar los avances del Plan Escudo Fronterizo, la principal iniciativa gubernamental para enfrentar la migración irregular en el norte del país. Desde el lugar, el Mandatario anunció dos proyectos de ley que buscan endurecer el control migratorio: una reforma constitucional para extender la retención de extranjeros en situación irregular con orden de expulsión vigente hasta por 180 días, y una modificación al Código Penal para sancionar el traslado interno de migrantes irregulares.
La visita presidencial a Arica se produce en medio de un aumento sostenido de ingresos irregulares por el norte del país y refleja la prioridad que el Gobierno asigna a la seguridad fronteriza. Kast, acompañado de autoridades locales y del ministro del Interior, detalló que las medidas buscan dotar al Estado de herramientas más efectivas para gestionar los flujos migratorios y evitar la reincidencia en expulsiones fallidas.
El primer proyecto anunciado es una reforma constitucional que modifica los plazos de retención administrativa de personas extranjeras con orden de expulsión vigente. Actualmente, la ley permite una retención inicial de solo 5 días. La propuesta del Ejecutivo amplía este plazo inicial a 60 días y otorga la posibilidad de hasta dos prórrogas adicionales, alcanzando un máximo de 180 días.
“No podemos seguir expulsando a personas que regresan semanas después por la misma frontera. Necesitamos tiempo real para coordinar deportaciones efectivas con los países de origen”, señaló el presidente Kast durante el anuncio. La reforma busca resolver los cuellos de botella logísticos y diplomáticos que han limitado la eficacia de las expulsiones en los últimos años.
El segundo anuncio corresponde a una modificación del Código Penal que tipificará como delito el traslado de migrantes en condición irregular dentro del territorio nacional. La medida apunta a desarticular redes de tráfico interno que facilitan el movimiento de personas desde el norte hacia el centro y sur del país, muchas veces con destino final en Santiago o regiones metropolitanas.
Según fuentes gubernamentales, esta figura legal buscará sancionar tanto a transportistas como a organizaciones que lucran con el desplazamiento de migrantes irregulares, con penas que podrían incluir multas elevadas y privación de libertad según la gravedad y reincidencia.
Declaración presidencial: “Esperamos un respaldo transversal de los parlamentarios. Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de Estado y de orden público”, afirmó el presidente Kast desde Chacalluta.
El Plan Escudo Fronterizo, impulsado desde el inicio del Gobierno Kast, ha implicado un aumento significativo de recursos humanos y tecnológicos en las fronteras norte y sur. En Chacalluta, las obras incluyen nuevas torres de vigilancia, sistemas de detección biométrica y mayor coordinación entre Carabineros, Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones.
La visita de hoy permitió al Mandatario verificar en terreno la implementación de estas medidas y dialogar directamente con funcionarios de frontera, quienes han reportado una reducción en los intentos de ingreso irregular durante las últimas semanas, aunque persisten desafíos logísticos en la devolución de personas.
La propuesta de extender la retención hasta 180 días ha generado expectativas en sectores de la oposición moderada, que ven en ella una respuesta pragmática a un problema que ha tensionado el debate público durante años. Parlamentarios de Chile Vamos y sectores del centro ya han manifestado disposición a discutir los proyectos con celeridad.
Organizaciones de derechos humanos, en tanto, han expresado preocupación por posibles vulneraciones a garantías constitucionales y han llamado a incorporar salvaguardas judiciales en la tramitación legislativa. El Ejecutivo ha señalado que los plazos ampliados contarán con supervisión judicial periódica.
En el plano internacional, la medida se enmarca en una tendencia regional de endurecimiento migratorio observada en países como Perú, Ecuador y Estados Unidos, donde también se han ampliado facultades de detención administrativa.
De aprobarse las iniciativas, Chile contaría con uno de los marcos legales más robustos de la región en materia de control migratorio. Analistas estiman que la ampliación de plazos podría aumentar significativamente la tasa de expulsiones efectivas, reduciendo la presión sobre albergues y servicios sociales en ciudades del norte y centro.
El presidente Kast reiteró su compromiso con una migración ordenada, legal y que contribuya al desarrollo nacional, al tiempo que llamó a los parlamentarios a priorizar estos proyectos en la agenda legislativa de las próximas semanas.
Este medio continuará siguiendo la tramitación de ambos proyectos y sus implicancias en la política migratoria chilena.
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