Victor Manuel Arce Garcia
Este martes 9 de junio de 2026, el expresidente Gabriel Boric ha reavivado el debate público con una contundente intervención en redes sociales, centrándose en los embargos judiciales que afectan a miles de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Boric criticó la "inflexibilidad" y el "castigo" a las familias trabajadoras, responsabilizando al actual oficialismo por no haber apoyado las reformas que buscaban aliviar la carga de la deuda educativa que pesa sobre muchas familias chilenas. Este reclamo surge en un contexto marcado por el aumento de las denuncias por el vaciamiento de cuentas corrientes y una creciente rigidez en las estrategias de cobranza implementadas por la Tesorería General de la República (TGR).
El CAE, que fue establecido en 2005 durante el primer mandato de Michelle Bachelet, ha permitido a cientos de miles de jóvenes de sectores medios y vulnerables acceder a la educación superior. Sin embargo, el modelo de deuda individual ha generado una carga insostenible, con saldos pendientes que superan los US$10.000 millones. Las recientes decisiones de embargo, que incluyen la retención directa de fondos de cuentas bancarias, han intensificado un conflicto que va más allá de lo legal y financiero, y que se sitúa en el núcleo de las tensiones políticas entre el gobierno de José Antonio Kast y la oposición progresista.
En su intervención en redes sociales, Boric enfatizó que durante su gobierno existió un "consenso técnico" para crear un nuevo sistema de financiamiento educativo y aliviar la deuda CAE. Según sus declaraciones, la negativa de la derecha a legislar en esta área ha perpetuado el sufrimiento de muchas familias. Boric manifestó que las medidas adoptadas actualmente, que vacían las cuentas corrientes de los deudores, crean "graves situaciones de crisis" en los hogares.
Boric presentó un paralelismo que incomoda al oficialismo, contrastando la severidad hacia las familias deudoras con la "permisividad" hacia los negocios de crimen organizado. "¿Dónde están las prioridades?", cuestionó, sugiriendo que el castigo a quienes están en deuda contrasta con la ausencia de acciones contra la delincuencia. Hizo un llamado a las fuerzas progresistas a unirse para frenar estos embargos y buscar soluciones viables.
Las últimas semanas han visto un aumento alarmante en las denuncias de embargos por parte de deudores, quienes informan que sus cuentas han sido vaciadas en su totalidad, dejándolos sin los recursos necesarios para cubrir gastos básicos. Según datos judiciales, más de 450 recursos de protección han sido considerados inadmisibles. La aplicación de mecanismos del Código Tributario a una deuda de origen bancario ha levantado serias interrogantes legales sobre la justicia y proporcionalidad de estas acciones.
Expertos han señalado que esta interpretación del gobierno puede equiparar a los exestudiantes con evasores tributarios, facilitando retenciones sin un juicio civil previo. La situación ha encontrado eco en casos como el del comunicador ‘Pollo’ Castillo, cuya experiencia de embargo ha generado gran repercusión en los medios.
El Crédito con Aval del Estado se creó con la intención de democratizar el acceso a la educación superior en un Chile que necesitaba expandir su cobertura universitaria. Al ser respaldado por el Estado, permitió que los bancos privados otorgaran préstamos a jóvenes con escaso historial crediticio. Sin embargo, las altas tasas de interés, plazos prolongados y la ausencia de un sistema efectivo de condonación han generado un ciclo de endeudamiento que ha impactado negativamente a varias generaciones.
Durante la gestión de Boric, se impulsaron iniciativas para la condonación parcial de deudas y cambios en el sistema de financiamiento. Sin embargo, la oposición de entonces —actual oficialismo— se opuso argumentando que tales medidas eran fiscalmente insostenibles y que las deudas debían ser pagadas. Hoy, el actual gobierno sostiene que la cobranza forma parte de la responsable gestión fiscal y promueve la equidad intergeneracional, enfrentando al mismo tiempo férreas críticas por la dureza de sus métodos.
Las afirmaciones de Boric han abierto un nuevo flanco en la lucha política, añadiendo presión sobre un gobierno que apenas comienza su mandato. Con el electorado de la derecha en riesgo de frustrarse debido a las dificultades económicas, el tema del CAE se convierte en un punto crítico de conexión con sectores medios, que fueron vitales en la reciente elección.
Los analistas políticos advierten que este episodio destaca la dificultad de equilibrar la disciplina fiscal con una sensibilidad social. Mientras la administración de Kast se aferra a la idea de que "las deudas se pagan", la oposición aprovecha el malestar social para presentarse como defensora de las familias afectadas, subrayando la urgencia de un debate sobre el modelo de financiamiento educativo que ha permanecido sin resolver durante años.
Más allá de la liquidez inmediata, la deuda del CAE propicia estrés financiero crónico, retrasa proyectos de vida, reduce el consumo y limita las oportunidades de emprendimiento. Estudios sugieren que muchos deudores provienen de estratos socioeconómicos medios y bajos, convirtiendo este problema en un obstáculo para la movilidad social y exacerbando las desigualdades existentes.
En un marco macroeconómico de crecimiento moderado, cualquier solución estructural que implique condonaciones o refinanciamientos masivos representa un desafío para el presupuesto nacional. El gobierno tiene el delicado deber de defender los principios de responsabilidad crediticia sin provocar un descontento.
El llamado de Boric para reiniciar el debate sobre un nuevo modelo de financiamiento educativo podría generar presión en el ámbito legislativo. Sin embargo, en un Congreso fragmentado, avanzar requerirá de complejas negociaciones. Mientras tanto, los embargos siguen afectando a miles de familias, dejando un panorama incierto.
Esta situación no solo refleja los problemas inmediatos, sino que también pone de manifiesto las tensiones subyacentes en la sociedad chilena: el equilibrio entre el mérito individual y el apoyo del Estado, la responsabilidad fiscal, y la equidad social. La manera en que se resuelva este dilema no solo impactará a una generación de profesionales, sino que también definirá la percepción sobre la justicia y las oportunidades en las próximas décadas.
Los actores políticos de ambos lados del espectro deben encontrar la manera de transitar de la confrontación retórica hacia soluciones sostenibles. Mientras Boric alza la voz desde la oposición, el gobierno de Kast enfrenta la presión de demostrar que su enfoque rígido en la cobranza no es sinónimo de desdén por el bienestar social. El debate sobre el CAE, lejos de culminar, parece entrar en una etapa nueva y altamente polarizada.
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