Victor Manuel Arce Garcia
En medio de la creciente violencia en Chile, un reciente incidente en Estación Central, donde inspectores municipales fueron atacados con aceite hirviendo por vendedores ambulantes, resalta la grave situación que enfrentan los funcionarios de seguridad pública. Este alarmante evento intensifica la necesidad de avanzar en la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal, una normativa esencial para garantizar la protección de nuestros ciudadanos.
Durante una declaración conjunta, alcaldes de distintas comunas y sectores políticos expresaron su profunda preocupación por el prolongado retraso en la aprobación de esta Ley, vital para abordar la crisis de seguridad que afecta a la población. Tras dos años de discusiones en el Congreso, seguimos sin contar con un marco legal robusto que respalde el trabajo de nuestros equipos de patrulleros, inspectores y personal de seguridad, quienes operan en condiciones que ponen en riesgo su integridad física y mental.
La Ley de Seguridad Municipal es crucial para que las autoridades locales puedan resguardar la seguridad de sus comunidades. Sin embargo, su falta de avance expone a cerca de 3.000 funcionarios que enfrentan a diario situaciones de alto riesgo, desde delitos menores hasta violencia armada. Es imperativo proporcionarles las herramientas, protocolos y el reconocimiento formal necesarios para que puedan actuar con la autoridad requerida.
La inacción del Gobierno y el Congreso ha tenido consecuencias alarmantes. El crecimiento del crimen organizado y la delincuencia ha superado las respuestas institucionales, aumentando la sensación de inseguridad entre la población. Los vecinos exigen acciones concretas y una mayor presencia de seguridad en sus comunidades. Como alcaldes, escuchamos estas demandas; sin embargo, carecemos de herramientas adecuadas para responder efectivamente a esta crisis.
La ausencia de esta Ley no solo expone a nuestros equipos de seguridad, sino que también limita la capacidad de los municipios para implementar medidas urgentes que la comunidad necesita.
Por estas razones, hacemos un llamado urgente al Gobierno y al Senado para que prioricen y aceleren la discusión de la Ley de Seguridad Municipal. Los problemas administrativos y políticos no deben seguir poniendo en peligro la seguridad de las familias chilenas. Exigimos seriedad, compromiso y acción efectiva ante la creciente crisis de seguridad.
Los firmantes de esta declaración, como Carol Bown, Mario Desbordes, Sebastián Sichel, y otros, reflejan el sentido de urgencia que sentimos. Todos compartimos el compromiso de cuidar y proteger nuestras comunidades. Nos unimos en este llamado, convencidos de que la seguridad de cada ciudadano es una responsabilidad compartida que no puede postergarse.
Es momento de actuar. La vida y seguridad de nuestros inspectores y familias chilenas dependen de ello. Es tiempo de generar un cambio significativo en la manera en que se aborda la seguridad municipal en nuestro país.
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