Diego Arenas
Amnistía Internacional (AI) expresa su profunda preocupación por la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, ocurrida en Lima durante las recientes movilizaciones sociales. Según el Ministerio Público, su deceso fue consecuencia de un disparo de arma de fuego. La organización exhorta a las autoridades peruanas a realizar investigaciones urgentes e imparciales para identificar y sancionar a los responsables, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
La organización también señala que decenas de personas, incluidos manifestantes, transeúntes y policías, han resultado heridas como consecuencia de la represión estatal. AI condena enérgicamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades y cualquier forma de violencia en el marco de estas protestas. "La respuesta del Estado debe ser proporcional y respetar los derechos humanos básicos", enfatizan desde AI.
Un aspecto alarmante de esta situación es la creciente violencia contra la prensa. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) reportó hasta 11 ataques a reporteros que cubrían las manifestaciones en la capital. Seis de estos periodistas fueron heridos por perdigones, lo que sugiere un preocupante patrón de uso ilegítimo de la fuerza estatal hacia aquellos que informan sobre los eventos. AI subraya la importancia de proteger a los comunicadores en su labor esencial de informar a la sociedad.
Amnistía Internacional ha verificado múltiples casos de agresiones por parte de agentes de policía, que dispararon perdigones, lanzaron gas lacrimógeno y sometieron a personas con violencia innecesaria. Este comportamiento no solo infringe estándares internacionales de derechos humanos, sino que también alimenta un clima de tensión y desconfianza. "El Estado debe priorizar la prevención y la mediación, así como la protección de los derechos a la protesta pacífica", aseveran desde la institución.
Es crucial recordar que una manifestación no pierde su carácter pacífico por acciones aisladas de individuos. Las fuerzas del orden deben individualizar y aislar las respuestas a estos incidentes, garantizando así la protección de los derechos humanos de aquellos que se manifiestan de manera pacífica. "La violencia generada por algunos no debe deslegitimar el derecho de todos a expresarse", aseguran desde AI.
En medio de la actual crisis social y política que enfrenta Perú, AI insta a las autoridades a escuchar las reivindicaciones de la población en lugar de desacreditar sus demandas con discursos estigmatizantes. Es imperativo que se garantice el derecho a la protesta pacífica sin restricciones. La organización considera que detener la represión de las manifestaciones sociales es esencial para restaurar la confianza en el Estado y en sus instituciones.
Amnistía Internacional continúa con el análisis de la situación de los derechos humanos en el país. Su equipo está monitoreando las movilizaciones sociales y ha desplegado observadores en las protestas. "Seguiremos documentando las violaciones y abogando por la justicia", concluyen.
Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, falleció por un disparo de arma de fuego durante las protestas en Lima.
AI ha solicitado investigaciones rápidas e imparciales sobre la muerte de Ruiz y el uso de la fuerza por parte de la policía.
Se han documentado al menos 11 ataques contra periodistas que cubrían las protestas, con seis heridos por perdigones.
AI insta a las autoridades a garantizar el derecho a la protesta pacífica y a detener la represión de manifestaciones.
AI está monitorizando la situación de derechos humanos, enfocándose en las movilizaciones sociales y la protección de los derechos.
La situación en Perú destaca la necesidad de un enfoque más humano y equitativo en la gestión de las protestas, fundamental para el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es un momento crítico para la democracia y el bienestar social del país. Las autoridades deben actuar con responsabilidad y firmeza para asegurar un entorno donde se respeten las libertades fundamentales.
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