Irmina Herrera
Una reciente encuesta realizada por Panel Ciudadano y la Universidad del Desarrollo (UDD) ha puesto de manifiesto la fuerte oposición pública hacia las tomas de terreno en Chile. El 61% de los consultados catalogó estas actividades como “otra expresión del crimen organizado”, revelando una clara preocupación por los fenómenos de ocupación ilegal que han proliferado en el país.
El estudio, que se llevó a cabo entre el 1 y el 2 de septiembre de 2023 con 1.068 casos y una tasa de respuesta del 89%, indaga en la percepción de las tomas de terrenos. Un notable 84% de los encuestados expresó su desaprobación hacia estas acciones, mientras que solo un 6% se mostró a favor. Un 10% afirmó no tener una opinión clara al respecto.
Más allá del simple dato numérico, la encuesta sugiere una crítica social contundente hacia el fenómeno. En particular, la afirmación de que las tomas son “otra expresión del crimen organizado” es especialmente prevalente entre hombres (62%), personas mayores de 60 años (69%) y aquellos del segmento socioeconómico C2 (65%).
Por otro lado, un 29% de los encuestados consideró que las tomas son “un fenómeno espontáneo y sin planificación” llevado a cabo por diferentes familias, lo que indica una diversidad de perspectivas sobre el tema.
La respuesta de las autoridades también fue objeto de evaluación en esta encuesta. Un 53% de los chilenos cree que la actuación del Estado frente al incremento de las tomas ilegales ha sido "deficiente", afirmando que “ha actuado tarde y mal”. Esta percepción es alarmante y refleja una falta de confianza en las instituciones encargadas de la gestión del territorio y la protección de la propiedad privada.
Asimismo, un 34% califica la respuesta del Estado como “insuficiente”, sugiriendo que, aunque hay intentos por abordar el problema, estos no han producido resultados significativos. Solo un 6% se aventuró a calificar las acciones como “adecuadas”, mientras que un 7% afirmó no tener una opinión formada.
El estudio también incluye la opinión de los chilenos sobre cómo debería actuar el Estado frente a este desafío. Un 59% aboga por “desalojar a los ocupantes y devolver el terreno a sus dueños”, destacando la relevancia del derecho a la propiedad. En contraste, un 28% indicó que el papel del Estado debería ser de “mediar entre los dueños y los ocupantes para encontrar una solución”, una postura que plantea la posibilidad de un diálogo.
La opción menos favorecida fue la de “expropiar los terrenos y construir viviendas para los ocupantes”, que solo recibió el apoyo del 10% de los encuestados. Un 3% cree que el Estado no debería intervenir en absoluto.
En relación con las personas que participan en las tomas, los resultados son igualmente reveladores. Un 29% opina que deberían ser “reubicadas temporalmente en albergues”, mientras que un 25% sugiere que se les prohíba el acceso a subsidios habitacionales por un tiempo.
Las tomas de terreno no son un fenómeno aislado; representan una compleja intersección de desigualdad social, presión habitacional y falta de políticas de vivienda efectivas. A medida que el costo de la vida aumenta y las opciones de vivienda se vuelven cada vez más limitadas, la ocupación de terrenos se ha presentado como una opción para muchas familias que buscan garantizar un lugar donde residir.
Las tomas han sido objeto de debate en la arena política chilena, generando posiciones diversas entre las autoridades y los ciudadanos. Las visiones de quienes las apoyan a menudo se centran en la necesidad de abordar la crisis de vivienda, mientras que los detractores cite la illegalidad y el riesgo de violencia asociada con este fenómeno.
La encuesta de Panel Ciudadano-UDD ha dejado claro que las tomas de terreno en Chile son un asunto que atraviesa el tejido social y que tiene profundas implicaciones en la política nacional. Las altas cifras de desaprobación reflejan una necesidad urgente de encontrar soluciones efectivas que garanticen tanto el derecho a la vivienda como el respeto a la propiedad privada.
Con la opinión pública claramente en contra y un Estado cuya acción es considerada deficiente, la sociedad chilena enfrenta un desafío significativo en su búsqueda de un equilibrio entre los derechos de los propietarios y las necesidades de quienes buscan un hogar.
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