Irmina Herrera
Antofagasta, 12 de mayo de 2025 – La exdiputada Catalina Pérez, otrora militante del Frente Amplio, comparece este lunes a las 8:30 horas ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta en una audiencia de formalización por su presunta participación en tres delitos consumados de fraude al fisco, en el marco del caso Convenios, específicamente la arista Democracia Viva. La Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por el fiscal Cristian Aguilar, acusa a Pérez de haber facilitado la asignación irregular de $426 millones desde la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda (Seremi) de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, una entidad dirigida por su expareja, Daniel Andrade, entre septiembre y octubre de 2022.
La audiencia marca un hito en el escándalo que destapó el medio regional Timeline en junio de 2023, considerado la “arista madre” del Caso Convenios, una trama de desvíos de fondos públicos a fundaciones privadas que ha sacudido la política chilena. Pérez, desaforada por la Corte Suprema el 7 de abril de 2025, enfrenta cargos junto a otros formalizados: Andrade, el exseremi Carlos Contreras –su antiguo jefe de gabinete– y la exconcejal Paz Fuica, todos exmilitantes de Revolución Democrática (RD).
La Fiscalía sostiene que Pérez desempeñó un rol activo en la suscripción de tres convenios fraudulentos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entonces encabezada por Contreras, y Democracia Viva, liderada por Andrade. Según el fiscal Aguilar, los convenios, que sumaron $426 millones, se destinaron al Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda (Minvu), pero la fundación no cumplía con los requisitos legales ni tenía experiencia en proyectos de infraestructura. El 66% de los fondos se destinó a honorarios, mientras que solo el 33% se usó en obras, según un informe de la Subsecretaría de Justicia citado por CIPER.
El Ministerio Público alega que Pérez, aprovechando sus vínculos sentimentales y políticos con Andrade y Contreras, facilitó la asignación de recursos, violando el principio de probidad administrativa. Conversaciones por WhatsApp citadas por el fiscal muestran que Pérez habría dado indicaciones para ocultar irregularidades, como simular que el domicilio de Democracia Viva estaba en Antofagasta cuando operaba desde Ñuñoa, Santiago. “Había que evitar ser descubierto”, afirmó Aguilar durante la audiencia de desafuero, según La Tercera.
Un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reveló un vale vista por $15,2 millones transferido desde Andrade a Pérez en 2023, un año después de los convenios, lo que generó sospechas de beneficio personal. Pérez ha negado estas acusaciones, asegurando que los fondos eran ahorros personales y presentando documentos bancarios para respaldar su versión.
La investigación contra Pérez avanzó significativamente tras la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía el 19 de diciembre de 2024. El 10 de febrero de 2025, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud por unanimidad, argumentando que existían antecedentes suficientes para atribuir a Pérez un rol de “coautora” en los delitos, según el fallo judicial. La Corte Suprema ratificó el desafuero el 7 de abril de 2025, abriendo la puerta a la formalización.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra Pérez el 14 de enero de 2025, acusándola de complicidad en el fraude al fisco por intervenir “para perpetuar la ejecución de los convenios” y ocultar su naturaleza fraudulenta. La querella destaca que Pérez colaboró en todas las etapas del proceso, desde la postulación hasta la ejecución de los convenios, según CNN Chile.
Pérez, quien renunció al Frente Amplio en noviembre de 2024 tras la filtración de nuevos antecedentes, ha defendido su inocencia. “No interferí en la asignación de ningún recurso a ninguna fundación. No me beneficié de ello de ninguna manera”, declaró en 2023, según T13. Su abogado, Gonzalo Medina, ha reiterado que la exdiputada colaboró con la investigación, entregando su celular para peritajes y compareciendo voluntariamente. Medina anunció que presentará argumentos para demostrar su inocencia en la audiencia de hoy, según La Tercera.
El caso Democracia Viva ha sido un golpe devastador para el Frente Amplio y el gobierno de Gabriel Boric, ensombreciendo su promesa de transparencia. La revelación de los convenios en 2023 desencadenó una serie de investigaciones a nivel nacional, exponiendo asignaciones irregulares a otras fundaciones como Urbanismo Social y ProCultura. El escándalo forzó la renuncia de figuras clave, como la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en 2023.
En la audiencia de hoy, la Fiscalía comunicará formalmente los cargos contra Pérez y podría solicitar medidas cautelares, como arresto domiciliario o prisión preventiva, similares a las aplicadas a Contreras (en prisión preventiva) y Andrade (arresto domiciliario). La defensa de Pérez buscará desacreditar las acusaciones, argumentando que no hay pruebas directas de su participación en los delitos.
El resultado de la audiencia será crucial no solo para Pérez, sino también para el futuro político del Frente Amplio y la percepción pública del gobierno de Boric. Si se confirman los cargos, Pérez podría enfrentar una condena de hasta cinco años por cada delito de fraude al fisco, además de la inhabilitación permanente para cargos públicos.
El caso Democracia Viva, con la formalización de Catalina Pérez como su capítulo más reciente, representa un punto de inflexión en la política chilena. Desde la perspectiva de The Times en Español, este escándalo no solo expone fallas en la fiscalización de fondos públicos, sino que también pone en duda la credibilidad de una generación política que llegó al poder con la bandera de la transparencia.
La acusación contra Pérez, respaldada por pruebas como conversaciones de WhatsApp y transferencias financieras, sugiere un nivel de coordinación que va más allá de un simple descuido administrativo. Sin embargo, su defensa, centrada en la falta de beneficio personal y su cooperación con la justicia, plantea la posibilidad de que Pérez haya sido víctima de un entorno político donde los lazos personales y partidistas nublaron el juicio.
El impacto en el Frente Amplio es innegable. La disolución de RD y la renuncia de Pérez al conglomerado reflejan una crisis interna que podría debilitar su influencia en las elecciones de 2026. Para Boric, el caso es un recordatorio de los costos políticos de no actuar con rapidez ante irregularidades, como lo demuestra la tardía respuesta de la subsecretaria Rojas en 2023.
Fuentes como La Tercera, El País y CNN Chile destacan la solidez de los antecedentes recopilados por la Fiscalía, pero también advierten sobre el riesgo de politización del caso, especialmente tras querellas de la oposición, como la presentada por diputados republicanos en 2023. Para The Times en Español, la formalización de Pérez es una oportunidad para que la justicia chilena demuestre su independencia, pero también un desafío para el gobierno, que debe recuperar la confianza ciudadana en un contexto de creciente polarización.
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