The Times Latino
Santiago, Chile, 10 de abril de 2025 – Un vuelco significativo sacude el caso Procultura. La Fiscalía, liderada por el fiscal Patricio Cooper, admitió que no hay pruebas para imputar delito alguno a Irina Karamanos, excoordinadora sociocultural de La Moneda y expareja del presidente Gabriel Boric. Tras meses de escrutinio, el Ministerio Público cambió su estatus procesal de imputada a testigo, reconociendo que “no existe antecedente alguno que configure hechos imputables a su persona”.
El caso, que investiga presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida por hasta 6 mil millones de pesos en convenios con la Fundación Pro Cultura, había puesto a Karamanos en el ojo del huracán. En noviembre pasado, fue citada a declarar como imputada tras un informe de la PDI que calificaba como “sospechosos” supuestos abonos desde su cuenta a la fundación. Sin embargo, Karamanos explicó que se trataba de rebotes de depósitos de su sueldo, limitados por el tope de su cuenta RUT, una versión que finalmente convenció al equipo investigador.
Los abogados de Karamanos, tras solicitar acceso a la carpeta investigativa –lo que les fue negado por su cambio de estatus–, celebraron la decisión. Desde el entorno de Karamanos, según reportes, se lamenta el “daño reputacional” causado por lo que califican como un actuar “discrecional” de la PDI y la Fiscalía, apuntando incluso a posibles filtraciones de exfuncionarios del Ministerio Público.
Karamanos trabajó en Pro Cultura entre mayo de 2021 y febrero de 2022, justo antes de asumir en La Moneda. La investigación sigue su curso contra otros involucrados, como el psicólogo Alberto Larraín, cercano al presidente Boric, pero la excoordinadora queda oficialmente fuera de las acusaciones.
La Fiscalía rectifica, pero el daño está hecho. Karamanos, blanco de una cacería mediática, sale limpia de un caso que olía a revancha política desde el principio. Las sospechas iniciales de la PDI se desmoronan como un castillo de naipes, dejando en evidencia un manejo torpe que alimentó especulaciones sin sustento. Mientras la oposición pierde una pieza en su tablero, el caso Procultura sigue sin respuestas claras sobre los verdaderos responsables.
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