Lucía Rivas Pereira
El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, lanzó una severa advertencia sobre la situación migratoria en Chile. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), aproximadamente 330 mil ciudadanos extranjeros se encuentran en situación irregular en el país. De este total, alrededor de 220 mil están empadronados, lo que significa que tienen algún tipo de registro en las bases de datos del Estado. Sin embargo, Sauerbaum subrayó que de las restantes 100 mil personas “no se sabe absolutamente nada”, un reto significativo para la gestión migratoria actual.
En una entrevista con T13 Finde, la autoridad destacó que esta falta de información sobre un tercio de los migrantes irregulares complica seriamente el control y la regularización de flujos migratorios. “Una parte relevante de ellos no está identificada por las autoridades”, enfatizó. Esto obliga a avanzar en un proceso de “regularización y normalización del sistema migratorio” para ordenar los ingresos y permanencias en el país, así como para reducir la irregularidad.
Sauerbaum también mencionó avances alentadores. Los ingresos clandestinos han mostrado una disminución sostenida, mientras que han aumentado las salidas voluntarias de migrantes. “Esto contribuiría a estabilizar la situación en el corto plazo”, agregó.
El anuncio se enmarca en la política migratoria del Gobierno, que busca reforzar el control de fronteras y ejecutar expulsiones de personas en situación irregular. En la actualidad, existen decenas de miles de órdenes de expulsión pendientes, y el Ejecutivo está realizando operativos para aquellos que ingresaron por pasos no habilitados o que han cometido delitos.
Además de la cifra de irregulares, Sauerbaum alertó sobre otras irregularidades, incluyendo posibles casos de trata de personas vinculados a la llegada de migrantes desde Haití, cuyos resultados se conocerán pronto. Paralelamente, las autoridades están investigando estafas a extranjeros, quienes son engañados a través de redes sociales o intermediarios que ofrecen falsos servicios de regularización migratoria.
Expertos y organizaciones han señalado que la falta de datos sobre 100 mil personas no solo representa un riesgo para el orden migratorio, sino también para la seguridad pública y el acceso equitativo a servicios estatales. Desde Sermig se insiste en que el objetivo no es la expulsión masiva, sino ordenar el sistema y priorizar la regularización de quienes cumplen requisitos, al tiempo que se expulsa a quienes infringen la ley.
Esta advertencia de Migraciones llega en un momento clave, cuando el país está debatiendo reformas legislativas para tipificar el ingreso clandestino como delito y fortalecer las herramientas de control. Sauerbaum reiteró que el desafío es grande, pero que el Gobierno está avanzando con medidas concretas para recuperar el control del territorio y garantizar una migración ordenada y segura.
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