Irmina Herrera
La Ley Jacinta continúa su avance en Chile, priorizando un impacto humano significativo, el pago ágil de seguros y la coordinación con hospitales para brindar apoyo directo a las víctimas y sus familias.
La implementación de esta normativa entra en una nueva etapa crucial, donde se establecen acciones concretas para maximizar su efecto en la vida de quienes han sufrido siniestros viales. En una reciente reunión con Alberto Escobar, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), se delinearon las estrategias necesarias para avanzar en la elaboración del reglamento y asegurar su adecuada aplicación en todo el sistema.
Uno de los objetivos fundamentales es garantizar el pago prompto de los seguros obligatorios, comprometiéndose las compañías a cumplir con un plazo de 7 días, un aspecto que se está monitoreando cuidadosamente para asegurar su efectividad.
La Ley Jacinta representa un cambio significativo en el panorama legal, duplicando las coberturas para víctimas de accidentes, incluyendo tanto a fallecidos como a lesionados graves. Esta mejora resulta fundamental ante los complejos desafíos que enfrentan las familias en momentos críticos.
Asimismo, se trabaja en estrecha colaboración con clínicas y hospitales, junto a Conaset, para implementar protocolos claros de cobranza, especialmente en situaciones delicadas como el fallecimiento de menores, con el fin de evitar la revictimización y proporcionar certezas a las familias.
Los gestores de esta normativa han decidido acompañar su implementación paso a paso, con el propósito de maximizar el impacto positivo de la Ley Jacinta y traducirla en beneficios concretos para la ciudadanía.
El trabajo en conjunto con las autoridades ha sido fundamental en esta fase inicial. Alberto Escobar, quien asumió recientemente el liderazgo de Conaset, ha promovido activamente la normalización de la normativa.
“En cuanto a nuestras expectativas respecto a la implementación de esta legislación, contamos con la mejor disposición para sensibilizar y ampliar el impacto de la ley. Es fundamental abordar situaciones complejas, permitiéndonos a futuro mejorar la calidad de vida y proteger a potenciales víctimas, además de apoyar a quienes han sufrido siniestros viales y a sus familias”, resaltó Escobar.
La Ley Jacinta no solo refuerza el sistema de seguros, sino que también eleva los estándares de responsabilidad al volante, incorporando medidas más estrictas para prevenir riesgos en la conducción.
“La Ley Jacinta representa un avance tangible en nuestra protección vial. Esta normativa no solo mejora las coberturas, al duplicar la protección para las víctimas, sino que también establece un sistema de conducción más justo, más exigente y, en definitiva, más seguro para todos”, afirmó Max Schnitzer.
La implementación de la Ley Jacinta seguirá adelante, con nuevas acciones que incluyen la visibilización de casos reales de pago a víctimas, consolidando así una política pública que sitúa en el centro la dignidad, la protección y el acompañamiento a las personas.
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